El análisis sistemático de este año sobre los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito climático nacional subraya que las partes del Acuerdo de París están avanzando gradualmente hacia una gobernanza climática inclusiva con las personas con discapacidad. En 2022, solo 37 gobiernos hicieron referencia a la discapacidad en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) y 46 en sus políticas de adaptación. Los resultados de 2025 muestran que 54 CDN y 99 políticas de adaptación hacen ahora referencia a la discapacidad.

No obstante, el panorama general sigue caracterizándose por importantes lagunas y una aplicación desigual. En las CDN, el 72 % de los gobiernos siguen sin mencionar la discapacidad y solo el 14 % incluyen medidas concretas para promover la inclusión. Si bien más del 50 % de los Estados hacen ahora referencia a la discapacidad en sus políticas de adaptación al clima, solo el 35 % incluye medidas específicas, como plataformas de comunicación accesibles o sistemas de alerta temprana inclusivos. 72 partes del Acuerdo de París no incluyen ni una sola referencia a las personas con discapacidad o a la discapacidad en sus CDN o en sus políticas de adaptación.

Por primera vez, este informe evalúa cómo las políticas climáticas nacionales abordan los derechos de las mujeres y los niños con discapacidad. Hemos constatado que menos del 3 % de las CDN y las políticas de adaptación mencionan a las mujeres, las niñas o los niños con discapacidad, y casi ninguna ofrece compromisos viables para abordar las múltiples barreras a las que se enfrentan en el contexto del cambio climático y la acción climática. Esta exclusión aumenta la vulnerabilidad climática de las mujeres y los niños con discapacidad al ignorar sus necesidades y perspectivas específicas en la planificación de la adaptación.

Sin embargo, también hay aspectos positivos. Países como Vanuatu, Bangladesh, Nepal y Costa Rica destacan por integrar las cuestiones relacionadas con la discapacidad en la planificación de la mitigación y la adaptación, a menudo con programas específicos, asignaciones presupuestarias y compromisos de participación. La CDN de Vanuatu, por ejemplo, incluye áreas prioritarias específicas y recursos financieros para la adaptación inclusiva de la discapacidad. Del mismo modo, Nepal y Pakistán han avanzado en sistemas de alerta temprana inclusivos e iniciativas de creación de capacidad. La presencia de Canadá entre los países con mejores resultados indica que las naciones industrializadas pueden dar ejemplo, aunque la mayoría de los países del norte se quedan atrás.

De cara al futuro, los gobiernos deben pasar del reconocimiento simbólico a la acción sustantiva, cumpliendo sus obligaciones en virtud de la CDPD en el contexto de la elaboración de políticas climáticas. Hacerlo no solo es una obligación legal en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, sino también una necesidad práctica para fomentar la transición hacia sociedades resilientes al clima y con bajas emisiones de carbono.