Las personas con discapacidad se encuentran entre las más gravemente amenazadas por el cambio climático. Sin embargo, siguen siendo el único gran grupo cuya participación está protegida por un tratado vinculante de derechos humanos específico que no cuenta con un grupo de interés reconocido a través del cual participar en los trabajos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Por ello, las organizaciones de personas con discapacidad han pedido a la secretaría de la CMNUCC que reconozca oficialmente un grupo de interés dedicado a la discapacidad, en pie de igualdad con los grupos de interés ya establecidos para las mujeres, los jóve-nes, los pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad civil. La presente nota jurídica sostiene que el reconocimiento de un grupo de interés de las personas con discapacidad en el marco de la CMNUCC es una exigencia del derecho internacional.

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la clara obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en el marco de sus esfuerzos para hacer frente a la crisis cli-mática, en particular garantizando su participación plena y efectiva en la elaboración de las políticas y medidas climáticas. En el marco de la CMNUCC, esta obligación exige que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de expresarse a través de las organizaciones que las representan, y no mediante las modalidades generales aplicables a los observadores o mediante grupos de interés que representan a otros colectivos. Puesto que la realización de los derechos de participación de las personas con discapacidad en el marco de la CMNUCC requiere la condición institucional propia que solo un grupo de interés puede conferir, el reconocimiento de dicho grupo de interés es una obligación que vincula a los Estados Partes en la

CMNUCC.

Esta obligación descansa sobre dos fundamentos jurídicos complementarios. El primero deriva del deber general de los Estados de proteger los derechos humanos en el contexto del cambio climático, tal como lo han enunciado diversos tribunales internacionales y regionales. El segundo deriva de las obligaciones específicas que los Estados han contraído en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Estos fundamentos establecen que el reconocimiento oficial de un grupo de interés de las personas con discapacidad en el marco de la CMNUCC es una exigencia jurídica, a la que la secretaría y los Estados Partes deberían dar efecto sin demora.